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Aguas subterráneas, patrimonio abundante inexplotado y amenazado

 

Por: Gonzalo Duque Escobar*

Aunque no las vemos porque se encuentran por debajo de la tierra, en el subsuelo, las aguas subterráneas juegan un papel fundamental en el caudal de ríos, arroyos, lagos o humedales; además, proveen agua potable y abastecen el riego de cultivos y la hidratación del ganado. Si en Colombia, donde la mayor proporción del agua dulce es subterránea (69 %) y apenas el 31 % del agua dulce está en lagos y ríos, para preservar dicho patrimonio se requiere un inventario y un manejo adecuado para evitar su contaminación.

Al abordar las complejas relaciones entre la seguridad de suministro confiable en calidad y cantidad de agua y el clima en Colombia, resulta imperativo contemplar aspectos que van más allá de la contaminación del agua, por tres razones: el acceso inequitativo al vital líquido, la precaria adaptación al cambio climático y el desconocimiento de los acuíferos, aguas subterráneas que se filtran y almacenan bajo tierra en formaciones rocosas y porosas.

De las aguas subterráneas dependen alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo para obtener agua potable y abastecerse en la irrigación agrícola. Con la excepción del hielo polar, este patrimonio natural, que se alimenta de la infiltración de las lluvias y vigoriza las corrientes de los ríos, constituye el 97 % del agua dulce del planeta.

En Colombia los departamentos con mayor uso de agua subterránea son San Andrés, Quindío, Magdalena, La Guajira, Cauca, Caldas, Bolívar y Atlántico y la captación más común es con aljibes y pozos profundos. Según el Ideam (2022), entre 1995 y 2014 se han identificado en Colombia 50.492 puntos de agua subterránea reportados por las autoridades ambientales, estudios regionales y locales e información del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH). Pese a ello, es difícil estimar cuántos existen realmente debido a la falta de un registro nacional.

Desigualdad, contaminación y falta de cobertura


Sin duda, en relación con la ley ambiental, el país requiere con urgencia una reorientación social y ambiental que le reconozca el carácter patrimonial al agua, al suelo y a la biodiversidad, en lugar de considerarlos un recurso y, por ende, un objeto de mercado.

Si bien en 2008 la participación del agua en la economía o PIB nacional alcanzó el 10 % (incluido un 2 % por la energía hidroeléctrica), los costos de la contaminación hídrica ascendieron al 3,5 % del PIB y los costos ocultos (asociados a la mala calidad) al 1 % del PIB.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el del acceso igualitario al agua, el indicador Gini en este caso es del 0,92, recordemos que si el Gini entre más cerca del 0 representa la igualdad total, pero si está más próximo al 1, es la desigualdad total.

A este panorama se une el hecho de que mientras la demanda hídrica se expande, la oferta está cada vez más afectada por factores como la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la contaminación, lo que nos hace cada vez más vulnerables a eventos extremos como inundaciones, deslizamientos, sequías, olas de calor e incendios forestales.

Con precipitaciones anuales promedio de 1.800 milímetros y unas 720.000 cuencas hidrográficas, Colombia alcanza una oferta de 7.859 kilómetros cúbicos de agua superficial y subterránea, de los cuales el 25 % son las escorrentías o el agua lluvia que transcurre por la superficie de un terreno, en este caso hacia ríos, lagos y océanos. Pese a ello, la Defensoría del Pueblo ha indicado que de los 1.122 municipios del país, 835 son susceptibles al desabastecimiento de agua, 521 la consumen sin tratamiento alguno -el 70 % de ellos con riesgo para la salud- y en 224 el agua es sanitariamente inviable.

El país afronta severos problemas de calidad en la mitad de dicho patrimonio, dado el vertimiento de 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante por año, que llegan a los acuíferos y a los cuerpos de agua provenientes del sector agropecuario y residencial; a esto se suman, entre otras sustancias, las 200 toneladas anuales de mercurio provenientes de la actividad minera.

De igual manera, en materia de cobertura según el DANE, aún requiere extender el servicio de acueducto y alcantarillado, el cual todavía no llega al 3,6 y al 5, 6 millones de personas, respectivamente.

El problema es de organización

En Colombia las cuencas hidrogeológicas con posibilidades de aprovechamiento abarcan tres cuartas partes del territorio, pero el patrimonio hídrico subterráneo está asimétricamente distribuido: el 56 % le corresponde a la Orinoquia, Amazonia y Costa Pacífica, y el 31,5 % a la región Caribe e Insular, y solo el 12,5 % está en la región Andina, la más densamente poblada. 

Habrá que trazar estrategias para prevenir desórdenes ambientales mayores que los del agua superficial, e incluso daños irreversibles en las aguas subterráneas, que también estás expuestas a la contaminación provocada, entre otros factores, por excrementos humanos o de animales, compuestos químicos orgánicos asociados con combustibles, pesticidas, herbicidas o insecticidas, elementos químicos inorgánicos provenientes de rellenos sanitarios, reactivos de industrias o minería.

Es el caso de la Ecorregión Cafetera, reservorio conformado por los ríos Magdalena, La Vieja y Risaralda, donde la contaminación de lixiviados que se producen cuando la humedad ingresa a la basura en un relleno sanitario, en este caso al deManizales, es un problema no resuelto. También, de la sabana de Bogotá cuya explotación de aguas subterráneas es muy alta, sobre todo en lugares como: Chía, Sopó, Cota, o Funza donde se usa en algunos casos para abastecimiento público, consumo doméstico, ganadería, o el riego de cultivos; la mayoría de los pozos no tienen un uso registrado, evidenció una investigación adelantada en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia

El Decreto 3930 de 2010 señala que el Estado debe garantizar la calidad del agua y ejercer el control sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas -continentales o marinas-. Además, advierte que es necesaria la revisión de los actuales usos del agua y, de requerirse, la ampliación de los parámetros y valores para fijar la destinación del patrimonio hídrico, facilitando la gestión de las autoridades ambientales.

Las anteriores son razones más que suficientes para que el país declare los acuíferos como bienes públicos de interés general; también para que reconozca los derechos que tienen las comunidades a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, para prevenir la privatización de su uso y recuperar los ecosistemas degradados.

Se necesita una evaluación de la manera como fluye el agua, examinado los flujos desde las zonas de infiltración o recarga en las cuencas abastecedoras hasta los reservorios de agua o acuíferos, y de allí a los manantiales, además de conocer las condiciones hidrológicas en cada escenario, para identificar las amenazas y conflictos que rodean este patrimonio natural.

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia e Ingeniero Civil con posgrados en Economía, Geofísica y Geotecnia. Web: https://sites.google.com/unal.edu.co/godues1

Documento del Museo Interactivo Samoga. Manizales, septiembre 13 de 2024.

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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

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