El Colombiano 25/07/2024
Editorial
Ha pasado ya casi un mes desde el 28 de julio, día que se perpetró en Venezuela el fraude más descarado en unas elecciones en América Latina en nuestra historia reciente, y el régimen de Maduro, lejos de mostrar señales de aceptar la derrota, se atrinchera cada vez más en su posición dictatorial.
A pesar de la claridad del robo y de haber quedado totalmente expuestos ante la comunidad internacional, Maduro y su círculo salen todos los días con un grito de batalla para demostrar que están dispuestos a hacer todo lo necesario para mantenerse en el poder, cruzando cada vez más de manera criminal las fronteras de la cordura.
En las últimas semanas, Maduro ha estado hablando desde la realidad paralela que ha creado en el Palacio de Miraflores, en la cual mezcla el delirio con la represión. Hemos visto persecuciones a miles de venezolanos ante el más mínimo indicio de simpatía hacia la “oposición”, una absurda invitación a que sus ciudadanos desinstalen WhatsApp y descarguen WeChat para evitar que se contaminen sus mentes, la prohibición de la red X (antes Twitter) bajo acusaciones de que Elon Musk lidera una conspiración internacional que busca derrocarlo, peleas televisadas con la célebre humorista Lele Pons y otros influencers, y, de manera aterradora, la X negra con la que han marcado las puertas de las residencias de opositores y presuntos opositores, un gesto, un estigma, inquietantemente similar a lo que se veía en la Alemania Nazi y otros regímenes fascistas.
Frente al robo inocultable, a la escalada contra la oposición y a la pantomima de convalidación de los resultados, aún sin actas presentadas, por parte de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) completamente cooptado por el chavismo, el rechazo ha sido casi unánime de parte de los países y organismos democráticos de la región y del mundo. El Centro Carter, una de las pocas misiones de observación electoral avaladas por el CNE venezolano, afirmó de manera inequívoca que la elección en Venezuela no podía “considerarse democrática”. Lo mismo o parecido han dicho la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países de América.
Pero sigue brillando por su ausencia, cada vez más tristemente, cada vez más preocupante, la voz de Colombia, uno de los países con mayor peso en esta crisis.
En contravía de la postura de gobiernos de la región afines ideológicamente, como Chile o Guatemala, la respuesta de Colombia, Brasil y México ante esta crisis ha pasado de una inentendible cautela a una decepcionante tibieza y, finalmente, a una descoordinación que, en términos prácticos, está dando oxígeno a la dictadura de Maduro.
Más allá de comunicados de prensa llenos de texto inane que en el fondo no dicen nada, lo más cercano que tenemos a una postura oficial concreta de Colombia frente a lo ocurrido en Venezuela es un mensaje del presidente Petro del pasado 15 de agosto. En él, parece sugerir que la solución para Venezuela reside en conceder aún más ventajas a Maduro, más allá de las ya otorgadas con la liberación de Alex Saab y otros elementos del Acuerdo de Barbados, que Maduro incumplió descaradamente.
En un desentonado mensaje, Petro propuso la “experiencia del Frente Nacional” como una posible referencia para los venezolanos, una curiosa interpretación de la historia colombiana. Un acuerdo que fue creado entre dos partidos para desescalar la violencia y facilitar la transición desde una dictadura, ahora es reinterpretado como una propuesta para que la oposición, que venció legítimamente en las urnas a un dictador, deba formar con él un “gobierno de cohabitación transitorio”.
Además, en lugar de reconocer con claridad que en Venezuela hubo fraude y rechazar la declaración espuria de Maduro como vencedor, Petro propone que quienes deben ceder más son Edmundo González, María Corina Machado y la comunidad internacional que condena el robo.
Petro aboga por una “amnistía general nacional e internacional”, algo que la oposición y países como Estados Unidos ya habían ofrecido, pero que no evitó el fraude; pide “garantías totales de la acción política”, algo que supuestamente ya se había negociado en el Acuerdo de Barbados, pero que no impidió a Maduro inhabilitar a María Corina y a su sucesora designada; solicita el “levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela”, lo que solo serviría para darle una aire fresco a Maduro; y, lo más absurdo, reclama “nuevas elecciones libres”, lo que en este contexto no parece más que una estrategia para darle a Maduro más tiempo para encontrar otra forma de perpetuar el fraude y mantenerse en el poder.
Un mes después del 28 de julio, Maduro sigue en el poder, respaldado por los militares, lo que hace difícil prever qué les deparará a los venezolanos en el futuro cercano.
Mientras que de este lado de la frontera, lo que ha quedado claro tras los acontecimientos recientes es que la estrategia diplomática de Colombia ha sido cómplice, ya por un mes, del régimen de Maduro.
Gustavo Petro, tan combativo al denunciar que Colombia era una “dictadura” durante su campaña, sin tener sustento para decirlo, hoy no es capaz de actuar contra una verdadera dictadura en Caracas. Y Gloria Flórez, nueva presidenta de su partido Colombia Humana, sigue afirmando en los medios que el sistema electoral venezolano es “robusto y garantista”.
Mientras el presidente chileno Gabriel Boric con gran sentido de la historia dice que “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, la capacidad del presidente Gustavo Petro para defender una tiranía ha quedado al desnudo.
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