Revista Eje. 21. 30 de octubre de 2024
Bogotá, 30 de octubre de 2024. A un mes de la fecha límite, la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) continúa su paso en el Congreso con una reciente aprobación en la Plenaria del Senado. Este avance desbloquea, en parte, el camino para que el proyecto alcance la aprobación antes del 16 de diciembre y evite así su archivo por vencimiento de términos. De ser aprobado, la reforma aumentaría significativamente los recursos destinados a las entidades territoriales, proyectando una subida de $82 billones en 2025 a $163,58 billones para 2032.
Aunque la propuesta ha ganado apoyo, el debate se ha centrado en el porcentaje del umbral de ingresos destinado al SGP y su plazo de ejecución. La última versión establece un incremento gradual del SGP que alcanzará el 39,5% de los ingresos de la nación en 12 años, a partir de 2027. Con ello, las asignaciones presupuestales para las regiones evitarían una caída en términos reales, pero al mismo tiempo, aumentaría el riesgo fiscal debido a las presiones sobre las finanzas nacionales.
El Gobierno Central destinará el próximo año $82 billones de los $317,8 billones de los ingresos corrientes de la nación, con una meta de escalonamiento en los años siguientes. Este aumento se financiará de forma paulatina y, según los impulsores, garantizará una transición fiscalmente viable. Sin embargo, desde el Senado se enfatiza que este modelo de gradualidad busca un ajuste que resguarde los presupuestos territoriales frente a las deudas acumuladas por las insuficientes transferencias en años anteriores, que suman ya pérdidas estimadas en más de $400 billones para las entidades locales.
La reforma también requiere de una ley de competencias que estructure las responsabilidades de las entidades territoriales en áreas críticas como la primera infancia y los servicios de salud y educación, garantizando que el ajuste de recursos tenga un respaldo institucional. Este ajuste de competencias fue un tema clave para obtener el respaldo del Ministerio de Hacienda, cuyo enfoque está en mantener el compromiso con la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
Para 2024, las transferencias a las regiones ascenderán a $67 billones, comparadas con los $56 billones transferidos el año anterior. No obstante, diversos sectores advierten que el umbral del 39,5% sigue siendo superior a lo aconsejado por distintos organismos y gremios, que proponían una cifra entre el 35% y el 37% para evitar un impacto excesivo sobre las finanzas nacionales.
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