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Vale decir que el supuesto pronunciamiento no existe, y aunque se publique en el Boletín de Historia y Antigüedades, por tratarse este de una publicación académica, sus contenidos no fijan necesariamente una visión institucional. La Academia, de hecho, no podría que dicha posición sea una visión oficial y de esta manera se oponga a una política gubernamental legitimada con antelación por la Corte Constitucional. Del supuesto pronunciamiento llama la atención que el contenido “se filtró” a “Euronews” y a partir de allí ha sido replicado como cierto en diferentes periódicos de derechas que lo tratan como una bofetada de los historiadores colombianos a la pretensión de repatriación de la colección Quimbaya.
Lo que quizás no se ha ventilado es que el supuesto concepto de la ACH cae como anillo al dedo en una etapa crucial de discusiones a propósito de la pretensión colombiana de repatriar su patrimonio arqueológico. El mismo periódico ABC, y el mismo “periodista”, en otro texto publicado de manera paralela, señala que esta semana el ministro de Cultura español, Ernest Urtasum, estaría obligado a dar una opinión en el parlamento sobre la intensión colombiana de repatriar dicho patrimonio. Urtasum, es un político de izquierda que retóricamente ha mencionado la necesidad de descolonizar los museos; una reivindicación que se da en medio del debate por el retorno de la Guernica al País Vasco y por la necesidad española de recuperar el patrimonio que fue expoliado durante la invasión francesa y que hoy se encuentra en museos británicos.
Y es que buena parte de la opinión pública española critica a Urtasum por sus posiciones frente a la entrega del patrimonio obtenido en América a plomo y fuego. El debate de esta semana nos resulta entonces bien interesante, además, porque se viene cocinando la fábula de un cambiazo del tesoro Quimbaya por el premio gordo (el galeón San José) sobre el cual España también tiene pretensiones.
¿Qué dice esa prensa reaccionaria a la petición colombiana? Asumen tener el sartén por el mango, aduciendo que la tenencia española sobre el tesoro no estuvo mediada por una expoliación en el marco de la “conquista” (invasión) española. Haciendo eco a varios sectores tradicionales, señalan que fue un obsequio de buena voluntad del gobierno colombiano a las gestiones de la reina en la delimitación fronteriza con Venezuela.
En este punto entra la figura de Carlos Holguín Mallarino, expresidente que se tomó las atribuciones de “regalar” el Tesoro Quimbaya soslayando además ciertos requisitos legales de la época que ya han sido abordados por la Corte Constitucional de Colombia
«Para la época en que el Gobierno colombiano entregó las referidas piezas al Reino de España, regía -sin modificación alguna- la Constitución Política de la República de Colombia de 1886. La enajenación de bienes nacionales sólo procedía por iniciativa del Gobierno y debía ser autorizada por el Congreso de la República mediante una ley. Dicha Corporación legislativa también estaba limitada por prohibiciones constitucionales, según las cuales, ninguna persona o entidad podía recibir gratificaciones o erogaciones, salvo para satisfacer créditos, derechos reconocidos o estimular o apoyar empresas útiles o beneficios. Esta disposición, además, está presente en el ordenamiento jurídico colombiano desde la primera Constitución Nacional adoptada en Cúcuta en 1821.»
Holguín Mallarino fue uno de los fundadores de la hegemonía española que bajo el nombre de “regeneración” gobernó a Colombia durante 40 años. Hablamos de un período que devolvió la educación a la Iglesia, contuvo sustancialmente la libertad de prensa y, entre otros favores, retornó a España el honor de haber invadido estas tierras a sangre y fuego gracias a la acción de la cruz, el idioma y la espada. Holguín Mallarino, pariente del conservador Miguel Antonio Caro, y descendiente de una familia minera y esclavista del Chocó, fue de hecho nombrado por Rafael Núñez para reestablecer las relaciones diplomáticas con España, cuyo gobierno, hasta principios de la década de los años 80’s del siglo XIX se negaba a reconocer a este país como una nación independiente.
El trabajo de Holguín Mallarino trajo sus réditos, lo cual a decir verdad no resultaba muy difícil en tiempos en que España perdía sus últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y necesitaba aliados en el escenario diplomático que se avecinaba. Así pues, en medio de esa regeneración, Holguín coadyuvó a la firma del “tratado de amistad” entre España y Estados Unidos de Colombia el 30 de enero de 1881. La importancia del “restablecimiento” de relaciones entre las dos naciones luego se vería complementado con el Tratado Arosemena-Guzmán firmado entre Colombia y Venezuela, a través del cual, algunos meses después, se acordó que sería el monarca español el árbitro en la delimitación fronteriza entre estos dos países vecinos. Nuestro personaje saldría a flote nuevamente en 1885 cuando, ante la muerte del rey, firmaría un nuevo acuerdo con el cual se le delegó la función del arbitraje al gobierno español o a su representante. En consecuencia, fue nombrada para tal fin la reina consorte María Christina von Österreich quien, en 1891, y sin mayor preparación diplomática o histórica, tuvo que ser la cabeza de un arbitraje que, finalmente, tuvo que ser definido por el poder detrás del poder: los ministros Canoas y Sagasta.
Es difícil establecer las razones que tuvo el poderoso general venezolano Antonio Guzmán Blanco, tres veces presidente de Venezuela, para aceptar el laudo arbitral español. Holguín Mallarino y su cuñado Miguel Antonio Caro eran dos reconocidos hispanistas, y los principales de una regeneración del pasado español y de su legado cultural. Guzmán Blanco, por el contrario, abrazaba de manera entrañable tanto a la cultura como al gobierno francés, y eran bastante sabidas tanto sus diferencias con la iglesia católica como su culto exaltado a la figura de Bolívar, el mayor enemigo de la España colonial, poniéndole incluso su nombre a la moneda nacional venezolana.
¿Al margen de una deleznable lambonería, uno se pregunta por qué Holguín tendría que darle ese regalo a una mediación diplomática que estaba irrigada en diferentes intereses geopolíticos? ¿Fue una simple genuflexión al pasado colonial por parte de tan regalado presidente? La opinión de los venezolanos no está, sin embargo, tan convencida, y varios historiadores tienen dudas en la motivación de la entrega de tamañas dádivas y lisonjas a una jueza que, en apariencia, habría fallado con total neutralidad. En todo caso, con cinismo el mismo Holguín manifestaba en el Congreso:
“Se ha enviado a Madrid la colección más completa y rica en objetos de oro que habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto que alcanzaron los primitivos moradores de nuestra patria. La hice comprar con ánimo de exhibirla en las exposiciones de Madrid y Chicago y obsequiársela al gobierno español para un museo de su capital, como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela y la liberalidad con que hizo todos los gastos que tal estudio requería. Como obra de arte y reliquia de una civilización muerta, esta colección es de un valor inapreciable.»
Al parecer, salvo varios historiadores venezolanos que hilan demasiado fino e incluso hablan de negociaciones en paños menores, a ciencia cierta nadie tiene pruebas de algún contubernio que relacione el regalo con la posición de la Corona española en el diferendo limítrofe. Ahora bien, decidir si el acuerdo benefició o no a Colombia es un tema que no concierne en este momento, sobre todo porque estamos hablando de una cartografía imaginaria sobre territorios que estuvieron siempre en la periferia de ambas naciones. Es claro, sin embargo, que Holguín Mallarino, ya siendo presidente y habiendo gestado el arbitraje español desde la década pasada en su calidad de ministro, realizó varias maromas para dejar ilegalmente el tesoro en España y en otros lugares de Europa y Estados Unidos.
La colección Quimbaya, en efecto, salió del país para ser presentado en las exposiciones de Chicago y Madrid, y allí lo de las piezas de reina resultan el menor de los problemas. Es incuestionable que no todo el tesoro terminó en las manos de la Corona, sino que -aparentemente- una parte quedó en el Field Museum de Chicago y en el Smithsonian para la Exposición Universal de 1893 que gestionó en el mismo paquete el expresidente Holguín Mallarino; al parecer, otras piezas terminaron en colecciones privadas de Europa, principalmente de Alemania. Jaime Lopera, presidente de la Academia de Historia del Quindío expresaba al diario El Tiempo en 2016 que:
«En Estados Unidos hay 74 piezas que llegaron en 1893 al Field Museum de Chicago para la Exposición Mundial de 1893. Al parecer, los objetos no permanecen expuestos, sino almacenados en las bodegas del museo. Pese a que hace un par de años la Academia envió cartas a dicho museo, estas nunca fueron respondidas. Además de las 196 piezas que permanecen en España y Estados Unidos, la Academia de Historia del Quindío tiene indicios de que en Alemania y en algunas colecciones privadas estarían las 237 restantes.»
El asunto de la colección Quimbaya debe verse más allá de un regalo espurio a una reina, y la ilegitimidad de la operación puede complementarse con el destino que tuvo el resto de la colección. Lo de la reina puede o no creerse, pero al menos existe una versión, pero, ¿y lo ocurrido con el patrimonio restante? El proceso que surtió efecto en la Corte Constitucional señala que la colección estaba conformada por 433 piezas que entre Holguín y su ministro y futuro presidente Marco Fidel Suárez le compraron al guaquero Fabio Lozano. Se tiene entonces que, si fueron 122 las piezas regaladas a la reina, no tenemos más noticia de patrimonio restante ¿Qué ocurrió con aquellas piezas que no fueron -de cualquier forma- salvaguardadas en el Museo de las Américas, gracias a la intervención del Bendix Koppel?, de quién se dijo: “había sugerido a Carlos Holguín que la donación del “Tesoro Quimbaya” a la Reina Cristina de Habsburgo debería ser destinada expresamente a un museo arqueológico para que la colección no corriera el riesgo de dispersarse entre los miembros de la corte española”.
De lo anterior queda claro que la intervención del presidente Carlos Holguín no solo fue ilegítima, sino que hoy en día genera dudas sobre sus motivaciones reales, más allá que adular a una dama acartonada. ¿Qué ocurrió con el resto de la colección y qué beneficios tuvo Colombia o el mismo Holguín al dejarlas desperdigadas a la merced de traficantes y cazadores de tesoros? Ojalá sus aristocráticos descendientes pudieran darnos alguna pista.
Adenda. Conviene que la Academia Colombiana de Historia publique o desmienta la existencia del mencionado concepto, y que está siendo utilizado de manera eficiente por la prensa conservadora española. Urge, esta semana, que dicho comunicado llegue y que se desmienta (o no) la publicación del supuesto contenido. Y si se trata de un artículo académico que no supone una posición institucional, sería grato igualmente saberlo y conocerlo para comenzar a debatirlo.
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