Razón Pública. febrero 15, 2026
La productividad laboral debe ocupar un lugar relevante tanto en el nuevo decreto que expida el Gobierno como en las negociaciones anuales de la Comisión Permanente de Concertación.
El Consejo de Estado suspendió el decreto que aumentó en 23% el salario mínimo para 2026, argumentando que el Gobierno ignoró los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996. De esta forma, le exige al gobierno nacional un nuevo decreto que se ajuste a los parámetros de la norma. En un país con una de las mayores desigualdades del mundo, esta discusión abre la puerta a un debate crucial que rara vez se aborda: ¿Quién realmente se beneficia del crecimiento económico?
Hasta ahora, el debate sobre este aumento se ha centrado en los posibles riesgos macroeconómicos, su potencial impacto en la inflación a través de los costos para las empresas y sus implicaciones fiscales en un contexto de estrechez presupuestal. También se ha discutido su posible efecto en el empleo y la informalidad, especialmente si se considera que las pequeñas y medianas empresas representan casi el 80% de los empleos formales del país. Estos temas son relevantes, pero dejan intacta una dimensión fundamental de la discusión que ha sido pasada por alto: la relación entre el salario mínimo, el crecimiento económico, la productividad y la distribución del ingreso.
¿Qué es la productividad laboral?
Para abordar este tema es necesario precisar qué entendemos por productividad laboral. Por definición, se trata de la cantidad de producto generado por hora trabajada. A nivel agregado, se mide como el PIB dividido por el total de horas trabajadas, siguiendo la metodología de medición del Manual de Productividad de la OCDE. Cuando esta variable aumenta, significa que la economía produce más valor con la misma cantidad de trabajo. Esto se debe a mejoras tecnológicas, cambios en los procesos productivos, una mayor producción de bienes de alto valor agregado o, simplemente, bienes con mayor valor de mercado.
Este hecho tiene implicaciones distributivas directas. Si una economía produce más por cada hora trabajada, el producto adicional debe asignarse entre los distintos tipos de ingreso: ingresos laborales e ingresos de propiedad. Salarios, por un lado, y ganancias, dividendos, rentas, e intereses, por otro. La productividad no es sólo un indicador técnico de eficiencia, es una variable de referencia que involucra cómo se distribuye en el crecimiento económico.
Si los salarios crecieran únicamente al ritmo de la inflación, el aumento derivado de la mayor productividad se traduciría exclusivamente en mayores ingresos para el capital. En cambio, cuando los salarios crecen a la par de la productividad laboral, la participación del trabajo en el ingreso nacional se mantiene constante. La diferencia entre ambas trayectorias no es menor: determina si el crecimiento económico se distribuye de manera equilibrada o si se concentra progresivamente.
¿Cómo se fija el salario en Colombia?
La Ley 278 de 1996 creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, encargada de concertar anualmente el ajuste del salario mínimo. La norma establece que, cuando no haya consenso, el Gobierno debe fijar el aumento teniendo en cuenta criterios como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del PIB. Posteriormente, la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional estableció que el piso de la negociación debía ser, al menos, la inflación del año que termina. A partir de ello, se consolidó la convención de considerar la inflación y la productividad como base para la negociación. Gracias a este criterio, el salario mínimo no ha perdido poder adquisitivo frente al IPC año a año.
No obstante, la forma como se ha medido la productividad ha sido determinante. Durante un largo período, la Comisión utilizó la productividad total de los factores (PTF) como referencia. La PTF se deriva de un modelo teórico que busca estimar la parte del crecimiento que no se explica por una mayor acumulación de capital ni por un mayor número de trabajadores. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de críticas por sus problemas de consistencia teórica y empírica del modelo en el que se basa. En ese sentido, la PTF no mide realmente lo que dice medir.
El uso de la PTF como criterio de productividad condujo a que el salario mínimo creciera sistemáticamente por debajo de la productividad laboral. Dado que la tasa de crecimiento de la PTF suele ser inferior, la referencia utilizada en la negociación resultó menor al aumento efectivo del producto por hora trabajada. Como consecuencia, desde comienzos de los años 2000 el salario mínimo se rezagó frente a la productividad laboral, como se observa en el gráfico 1.
Esta brecha entre la productividad laboral y el salario mínimo tuvo efectos acumulados en la distribución del ingreso. Implicó una pérdida sostenida de la participación del salario mínimo en el producto, como se muestra en el gráfico 2. Desde 2002, el salario mínimo comenzó a perder participación en el PIB per cápita, al pasar de representar cerca del 65% a alcanzar un mínimo histórico cercano al 42% en 2022.
Las implicaciones son significativas. Si el salario mínimo hubiera crecido siguiendo la regla de inflación más productividad laboral, manteniendo constante su participación en el producto desde la promulgación de la Ley 278 de 1996, el salario mínimo en 2025 habría sido de $2.155.410 pesos, en lugar de $1.423.500. De manera similar, si el salario mínimo hubiera conservado la participación en el PIB per cápita que tenía en 1996, en 2023 habría sido de $1.505.739, en lugar de $1.160.000¹.
¿Qué ocurre cuando los salarios no crecen al ritmo de la productividad laboral?
El crecimiento económico no desaparece: se transforma en mayores ingresos de la propiedad. Esto sesga la distribución del ingreso a favor del capital y contribuye al aumento de la desigualdad. Colombia clasificó como el tercer país del mundo con mayor desigualdad del ingreso antes de impuestos y beneficios en 2023, con un coeficiente de Gini de 0,72, y como el primer lugar para 2024, en la lista menos extensa, con un Gini de 0.54 después de impuestos y beneficios, según datos del World Inequality Database. En un país caracterizado por elevados niveles de desigualdad, este criterio resulta particularmente relevante.
Ajustar el salario mínimo de acuerdo con la productividad laboral no es un tecnicismo, sino una decisión profundamente distributiva. Significa definir si el crecimiento económico se traduce en mayores ingresos para quienes viven de su trabajo o si se concentra, de manera creciente, en los ingresos del capital. En un país con altos niveles de desigualdad, ignorar este criterio implica aceptar que el progreso productivo no se traduzca en bienestar para la mayoría. Por ello, la productividad laboral debe ocupar un lugar relevante tanto en el nuevo decreto que expida el Gobierno como en las negociaciones anuales de la Comisión Permanente de Concertación. Incorporar este enfoque, y cerrar gradualmente la brecha acumulada de los últimos años, no garantiza por sí solo un modelo más equitativo, pero sí constituye un paso indispensable para que el crecimiento económico sea compatible con una distribución más justa y sostenible del ingreso.
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¹Estos cálculos se realizaron con base en los datos más recientes de productividad laboral y PIB per cápita disponibles en la página de la OCDE.
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