REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS AMBIENTAL
Por: Gonzalo Duque-Escobar*
Dada la doble coyuntura global por la amenaza
del cambio climático y la pandemia del Covid-19, para América Latina y en
particular para Colombia dada situación que afecta a los países en vía de desarrollo
con problemáticas que se han acentuado como la vulnerabilidad social y
ambiental, entre los asuntos ambientales de importancia ahora que se enfrenta
la recuperación económica, están los de la violencia contra los líderes
sociales y el deterioro ambiental. Veamos entonces, primero- qué pasa con el
Acuerdo de Escazú respecto a los protocolos para la protección
del medio ambiente y la protección
de defensores de los derechos humanos en temas ambientales; y segundo, los
desafíos para una gestión adecuada de residuos o desechos, dada la contaminación
ambiental asociada al manejo
inadecuado de los insumos sanitarios de la pandemia.
A-
Del Acuerdo de Escazú a la Agenda 2030.
Imagen 01- Acuerdo de Escazú: países adherentes
(Red Prensa Verde), y la Agenda 2030 -ODS (PNU)
El acuerdo de Escazú-Costa Rica (2018), logrado
bajo el auspicio de la CEPAL, a pesar de ser el primer tratado vinculante sobre
cuestiones ambientales y de derechos humanos de los países de América Latina y
el Caribe, y de constar de tres pilares fundamentales: 1- sobre el acceso a la
información, 2- la participación pública, y 3- el acceso a la justicia en
asuntos ambientales, no fue ratificado por el Congreso de la República de
Colombia, argumentando que de aprobarse, se pondría en riesgo la soberanía
colombiana y se frenarían los proyectos de “desarrollo”, -es decir, que no
diferencian crecimiento de desarrollo-.
Si con motivo de la primera reunión de la
Conferencia de las Partes en el Acuerdo de Escazú, que se celebró del 20 al 22
de abril de 2022, antecedida por la Quinta Reunión del Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en San José
de Costa Rica del 7 al 9 de abril de 2022, se reafirmó por parte de los
suscritos el compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, pregunto: ¿por qué se aparta
Colombia de Escazú siendo un instrumento universal y transformador centrado en
las personas?
Pareciera extraño que el país no lo suscriba,
sabiendo que la ola de violencia armada contra líderes y lideresas sociales,
campesinos e indígenas en Colombia, no cesa. El Acuerdo, al buscar que los
Estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia
para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que
promuevan la protección del ambiente, pretende garantizar los derechos de las
personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y fortalecer la
gobernanza ambiental.
Mientras ésta Colombia urgida de políticas
públicas que fortalezcan la institucionalidad para mejorar la gobernanza en
asuntos públicos, reclama una oportunidad para reducir las amenazas y
asesinatos que enfrentan los defensores de los derechos humanos y ambientales,
su dirigencia le dice no al citado instrumento que pone en práctica el
Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, al ofrecer una plataforma única
a los Estados para fortalecer su capacidad de protección del derecho a vivir en
un medio ambiente sano, tanto para la actual generación como para las futuras.
Cuando según el DANE Colombia ha pasado de ser
un país de clase media a pobre, también Naciones Unidas no sólo ve en la
erradicación de la pobreza un requisito indispensable para el desarrollo
sostenible, el mayor desafío al que se enfrenta el mundo, razón por la cual la
Agenda 2030 que recoge Escazú, implica un compromiso común y universal, para
enfrentar retos específicos del desarrollo sostenible, tomando decisiones con
soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, fijando sus
propias metas nacionales y apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) como parte de la Agenda 2030. Es decir, la soberanía del país no está en
juego.
Dicha problemática socioambiental, en una
perspectiva más amplia, obliga a considerar el panorama del país, donde según
la ANDI, 21 millones de personas padecen hambre (42% de la población) y 7
millones están en la pobreza extrema (14% de la población). Siendo así, no
olvidemos que, para poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen puntos
como resolver el problema del hambre y seguridad alimentaria; vida sana,
educación de calidad e igualdad de género; acceso al agua y la energía;
crecimiento económico sostenido y adaptación al cambio climático, y promover la
paz y el acceso a la justicia.
Finalmente, con o sin Acuerdo, la única opción
para hacer viable el país, es pasar de los enunciados a soluciones viables para
resolver problemas como pobreza, deterioro ambiental y violencia contra los
líderes sociales, además de acabar con la corrupción y cerrar brechas para
apostarle a un modelo de desarrollo sostenible, en lugar de buscar el
crecimiento económico a costa de la miseria humana y del medio ambiente,
comprometiendo la calidad de vida de los colombianos. Mientras más nos alejemos
de la Agenda 2030 y de los derechos humanos, el cercenar vidas para silenciar
voces, también pasará factura sobre el mal llamado desarrollo.
B-
Medio ambiente post-pandemia.
Para la Organización Mundial de la Salud OMS,
por la gestión inadecuada de los residuos usados durante la pandemia, y dado
que muchos centros sanitarios no tienen la capacidad para tratarlos
adecuadamente, se terminan contaminando la tierra y el agua, y generando
plagas. Si bien para finales de 2021, la OMS estimó en 8.000 millones las
dosis, en 143 millones de toneladas los residuos y en 731.000 litros los
desechos químicos, actualmente las vacunas inoculadas llegan a 10.000 millones
de unidades.
Pero también el aire, según otro informe de la
OMS, aunque la mayoría de las medidas fueron tomadas entre 2010 y 2019 antes de
la pandemia de Covid-19, para la entidad representa un reto sanitario que aún
persiste para el 99% de la población global, incluido el 80% que habita en más
de 6.000 ciudades de 117 países, donde se respira aire no saludable,
contaminado con niveles peligrosos de partículas finas y de dióxido de
nitrógeno.
Para la OMS como agencia de custodia del
Indicador de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, y como
responsable desde 2011 por la base de datos de calidad del aire -donde se
recopilan cada 2 o 3 años datos sobre mediciones en tierra de concentraciones
medias anuales de partículas y dióxido de nitrógeno-, dicha contaminación es
una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana, junto con el
cambio climático.
Así entonces, dado el complejo reto sanitario
por los impactos del cambio climático y la contaminación ambiental, además de
un modelo de desarrollo menos dependiente de combustibles fósiles y que acelere
la transición hacia sistemas energéticos limpios y sanos, también en la fase
post-Covid-19 debemos implementar soluciones estructurales para resolver las
carencias y aspectos más olvidados del sistema de gestión
de residuos, mediante un tratamiento de desechos que contemple de forma
integral la cadena de suministros.
Y cómo hacerlo: en los países de ingresos bajos
o medios, donde el modelo de desarrollo se ampara en una normatividad
correctiva y no preventiva, 1- debe privilegiarse el aire sano sobre
inversiones en sistemas de transporte y sectores, contaminantes; y 2- deben
resolverse las deficiencias en el manejo y disposición final de residuos
sólidos; dos medidas que se traducen en beneficios sociales, ambientales y
económicos para las personas vulnerables más expuestas.
Además, si la mejora de la calidad del aire
puede potenciar los esfuerzos de mitigación del cambio climático, al tiempo que
la reducción de las emisiones mejora la calidad del aire, también se estaría
mitigando el riesgo de que cada año se produzcan millones de muertes por los
efectos de la contaminación atmosférica, principalmente con enfermedades no
transmisibles. Para la OMS la contaminación atmosférica a nivel mundial, causó
7 millones de muertes en 2012.
En cuanto al manejo de desechos como guantes,
mascarillas y batas desechables, viales de vacunas, agujas y test empleados
durante el manejo sanitario de la pandemia, la OMS recomienda recurrir a la
inversión en tecnologías de tratamiento de desechos que no empleen la quema,
como autoclaves, o al uso de embalajes y envíos responsables con el medio
ambiente, de equipos de protección personal con elementos seguros y
reutilizables, y de materiales reciclables o biodegradables.
Lo anterior invita a emplear la logística
inversa para apoyar el tratamiento centralizado, e inversiones en el sector del
reciclaje para asegurar el uso de materiales que puedan tener una segunda vida:
por ejemplo, los equipos de protección personal -EPP-, con lo cual no solo se
reducirá el daño ambiental por los desechos, sino que se ahorrará dinero, se
reducirá la posible escasez de suministros y se contribuirá a la prevención de
las infecciones al modificar los comportamientos.
Finalmente, si tras la pandemia se debe
priorizar la atención a las crisis citadas, pensando al tiempo como país y como
especie en el largo plazo, el medio ambiente tendrá un papel central en las
agendas pública y privada, por tres razones básicas: la primera, para ajustar
la forma en la que interactuamos con la naturaleza; la segunda, para comprender
la cantidad de información polarizada e incompleta que circula, sin ser víctima
de ella; y la tercera, para no cerrar oportunidades de cambio en los procesos
de reactivación económica.
*
Profesor de la U.N. de Colombia http://godues.webs.com
[Ref. La Patria. Manizales, May 9 y Jun 6, de 2022].
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