¿Paz para qué?
En el año 2016 se firmó el acuerdo para finalizar el conflicto en Colombia con un enfoque territorial. La Reforma Rural Integral, el primer punto de este acuerdo, “…sienta las bases para la transformación completa del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera”.
Para cumplir con el primer punto, se decidió crear un Sistema General de Información Catastral, que en un plazo máximo de siete años debía actualizar y registrar la propiedad rural en todo el país. También se estableció la meta de formalizar siete millones de hectáreas de este tipo de propiedad.
Actualmente, estamos cerca a cumplir el plazo establecido y, según el plan de acción de la Agencia Nacional de Tierras, se han formalizado 3.027.000 hectáreas, lo que significa que no se cumplirá la meta inicial de siete millones de hectáreas formalizadas. La meta para el año 2023 es formalizar 1.500.000 hectáreas adicionales.
Es importante destacar que las metas acordadas previamente no se han cumplido debido a factores externos, como la pandemia del Covid-19 y las acciones de gobiernos anteriores para lograr la paz. Recientemente, el presidente Petro anunció en Twitter que se llevará a cabo un catastro multipropósito para apoyar la reforma agraria y el primer punto de los acuerdos de paz.
Además, el director del departamento nacional de planeación asignó un presupuesto rodea los $28 billones para avanzar en una reforma rural integral, actualizar el catastro multipropósito, entregar 2,98 millones de hectáreas a través del fondo de tierras, formalizar 3,97 millones de hectáreas de propiedad rural y reducir la brecha municipal en ingresos corrientes que corresponden a recursos propios.
El gobierno actual ha expresado su posición ideológica sobre la democratización y el uso adecuado de la tierra, lo que hace pensar que la adopción y ejecución del catastro multipropósito está más cerca que nunca y la necesidad de mantener actualizada la información de los inmuebles será una realidad.
Sin embargo, no basta con tener buenas intenciones. Para lograr estas metas se necesita una coordinación institucional en el desarrollo de los procesos catastrales, incluyendo la formación, actualización, conservación y difusión, así como la interoperabilidad de los sistemas de catastro y registro que se han establecido desde la Ley 65 de 1939.
El catastro multipropósito
Si partimos de que existe una acción del gobierno para adelantar el catastro multipropósito, es importante señalar varios aspectos:
En primer lugar, el catastro permitirá formular planes de ordenamiento del territorio, lo que ayudará a clarificar los usos de la tierra, identificar a los verdaderos propietarios y avanzar en la formalización de la propiedad rural en zonas de conflicto armado y despojo.
En segundo lugar, el catastro mejorará las finanzas municipales, y que por lo tanto, aumenten las inversiones en seguridad social para las comunidades. Además, se espera que los pequeños propietarios no sean afectados por el impuesto predial debido a los incrementos excesivos, y que la corrupción disminuya.
Sin embargo, en tercer lugar, mantener un andamiaje institucional adecuado es importante para garantizar la calidad de la información levantada por los reconocedores prediales, de acuerdo con los estándares del Instituto geográfico Agustín Codazzi IGAC, que son rigurosos en comparación con otros países con larga tradición en procesos catastrales.
Hoy es cada vez más difícil encontrar personal capacitado para realizar los procesos catastrales. Aunque haya buenas intenciones, los resultados tardarán más tiempo del deseado. Se asume que hay suficiente personal que realice la tarea adecuadamente, pero se necesita crear una base de datos que incluya los operadores existentes y los requisitos mínimos necesarios en cuanto a capacidad técnica y experiencia en estos procesos.
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