Razón Pública. Política Y Gobierno Diciembre 1, 2024
Un recorrido necesario por los fallos de los jueces en relación con el presidente, su gobierno, sus aliados y sus allegados. Una historia de tensiones…que no ha pasado a mayores.
Salvado por la justicia
La relación de Gustavo Petro como gobernante con la justicia, ha ido ambigua.
Siendo alcalde de Bogotá, fue la justicia, específicamente el Consejo de Estado, quien anuló la arbitraria destitución que le impuso el procurador Alejandro Ordoñez.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo acogió la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que una entidad de carácter administrativo no puede privar de sus derechos políticos a quienes hayan sido elegido popularmente. Hoy esa doctrina está veremos por decisiones de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado que han reclamado soberanía jurídica interna — sin duda un retroceso—.
Lo cierto es que, sin esa primera decisión del Consejo de Estado, Petro no hubiera podido continuar su carrera política y seguramente hoy no sería presidente de la república. El Estado de derecho funcionó, y eso permitió abrir el espectro político que otras autoridades del Estado estaban cercenando. Las decisiones jurídicas tienen consecuencias políticas, pero también motivaciones.
El gobierno y la Corte Constitucional
Ya como presidente de la república, la relación de Petro con la justicia ha sido menos fluida y ha estado atravesada por tensiones y desencuentros resultantes de decisiones que afectan, tanto al gobierno como a algunos alfiles del proyecto político del Pacto Histórico.
La Corte Constitucional ha declarado inexequibles varios artículos del Plan de Desarrollo, por ejemplo, la llamada expropiación exprés; la Corte ordenó que se votara de nuevo la conciliación de dicho plan, le tumbó buena parte de los decretos de emergencia económica y social de la Guajira, y una parte importante de la reforma tributaria que prohibía a las empresas deducir del impuesto de renta lo que habían pagado por regalías en la explotación de recursos naturales no renovables.
Esta última decisión ha sido muy debatida por expertos como Rodrigo Uprimny, quien considera que la decisión contradice el principio de equidad tributaria; otros expertos, sin embargo, sostienen que la Corte acertó al proteger la actividad de exploración y explotación minera y de otros recursos que, como el petróleo, son una fuente importante de recursos para el Estado.
Pronto se conocerá el fallo de la Corte sobre el impuesto al patrimonio que puede marcar una antes y un después en los debates sobre si el tribunal constitucional tiene o no un sesgo en favor de la libre empresa —que es un principio constitucional—, lo cual puede limitar las decisiones de los gobiernos para incorporar la equidad como principio orientador en el gasto público. Un debate que está sobre la mesa y que es necesario dar con seriedad.
La sentencia que declaró inexequible el ministerio de la Igualdad y la Equidadha sido otro golpe para el gobierno que dificulta el éxito de su proyecto político -más allá de los evidentes problemas de gestión de esa entidad que no ha logrado consolidar, de la mano de la vicepresidenta Francia Márquez- y la consolidación de un espacio institucional que concentra la oferta para la protección de minorías vulnerables, una de las demandas del estallido social.
La sensación de que en últimas es la Corte quién decide la viabilidad o no de las políticas públicas implica restricciones que pueden estar afectando la calidad de la democracia.
La doble militancia, la fiscalía y el Consejo Electoral
El Consejo de Estado también ha hecho lo propio con decisiones maximalistas y a veces contradictorias de la llamada figura de la doble militancia.
Esto ha significado la perdida de investidura para Roy Barreras, cercano al proyecto político del Pacto, de Alexander López, hoy director del Departamento Nacional de Planeación, de Cesar Pachón, hoy presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.
Estas decisiones han afectado más a miembros del Pacto Histórico que de otros partidos o movimientos, por la ambigüedad de la figura de una “coalición” integrada por partidos con varias personerías diferentes, que hace que los apoyos a candidatos de esa misma coalición, pero de otros partidos, haya sido interpretada por el Consejo de Estado como doble militancia.
La relación del presidente con la Fiscalía por el caso de su hijo Nicolás Petro se ha mantenido en los canales de respeto y libre actuación del ente acusador, y la decisión del Consejo de Estado de ratificar la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña ha generado una fricción adicional que el presidente ha debatido en redes sociales y con los recursos jurídicos ordinarios.
Una eventual denuncia ante organismos internacionales por indebida injerencia de un órgano administrativo vulnerando el fuero presidencial, es un escenario que se daría en el normal funcionamiento del Estado de derecho ampliado por el derecho internacional, y esto sería unas medidas cautelares de la Corte Interamericana para suspender la decisión del CNE en lo que tiene que ver con el presidente de la república y el llamado fuero integral.
Las respuestas de Petro
Claro, las decisiones de los órganos judiciales en el Estado de Derecho son para cumplirlas y acatarlas, aunque pueden ser debatidas en escenarios académicos y en el ámbito de la opinión pública.
La respuesta del presidente Petro a estos fallos adversos ha sido política, y los ha interpretado como la respuesta de un establecimiento conservador incapaz de interpretar el derecho en clave progresista, señalando que la Constitución tiene un “ADN progresista” que las altas cortes han sido incapaces de interpretar y de desarrollar, y por esa vía han terminado alineados con los sectores más retardatarios del establecimiento, reacción que ha sido interpretada en las altas cortes como un ataque a la independencia y autonomía de la rama judicial.
El asedio en el mes de febrero de unos ciudadanos a las instalaciones del Palacio de Justicia, en momentos en que la Corte Suprema se disponía a elegir Fiscal General de la Nación, sin que hubiera rechazo de parte del presidente, fue interpretado por los presidentes de las altas cortes como una presión indebida con la que el gobierno estaba de acuerdo.
Otras declaraciones destempladas del presidente contra el presidente de la Corte Suprema, señalando que no entendía como un afro no era progresista, y otros desaires, como no asistir a la posesión de algunos magistrados, llegar tarde a reuniones y otros hechos simbólicos, han marcado las relaciones del gobierno con la cúpula de la rama judicial.
Pero estos desencuentros no han pasado de lo retórico y lo simbólico, el gobierno ha acatado los fallos, y el funcionamiento de la administración de justicia continúa con los problemas sistémicos de congestión y acceso, que este gobierno ha preferido no enfrentar: la Comisión que integró para presentar una reforma integral se ha venido desdibujando y quedando en el olvido, responsabilidad directa de los dos ministros de justicia, Osuna, quien no supo encarrilarla y la ministra Buitrago que le quitó el respaldo y le permitió languidecer sin pena ni gloria.
Y aquí el gobierno de Gustavo Petro es contradictorio: se lamenta del mal funcionamiento de la justicia, por ejemplo, porque no protege a los más vulnerables, pero hace poco para lograr una reforma que corrija eso de manera estructural.
El gobierno no ha propuesto acabar las Cortes como si lo propuso en su momento otro gobierno al que también la Corte Constitucional afectó con sus fallos, no ha dicho que el Estado de opinión debe estar por encima del Estado de derecho, y no ha adoptado medidas que afecten el normal funcionamiento de la administración de justicia, como el de reducir su presupuesto, interceptar ilegalmente a magistrados, sabotear nombramientos.
Todo indica que la relación entre el ejecutivo y la rama judicial, en lo que queda de este gobierno, seguirá bajo tensión derivada de la polarización política y de la mutua desconfianza que se tienen las cabezas de ambos poderes, pero estamos lejos de un escenario donde no esté garantizado el normal funcionamiento de la administración de justicia, un activo fundamental de la democracia colombiana que este gobierno debe valorar y preservar, más allá de las discrepancias con decisiones judiciales que considera adversas.
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