Más espacio y oportunidades para el ciudadano
Por: Gonzalo Duque Escobar*
A un año de expedido el POT en Manizales, consideremos dos temas: el primero, el espacio público, por ser un asunto fundamental urgido de una política pública y de herramientas de financiamiento para su expansión en beneficio de los sectores populares, dada la creciente necesidad de escenarios vitales para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de todos; y el segundo, el derecho a la ciudad, partiendo del pensamiento de Henri Lefebvre, quien invita a fortalecer los procesos de apropiación social de la ciudad con enfoques integrales, interdisciplinarios y transversales para enfrentar desde la sociedad civil sus desafíos socioambientales. Para el efecto, partamos del presupuesto de que es en el territorio, entendido como una construcción social e histórica, donde surge la cultura como resultado de las complejas relaciones dialécticas entre los sistemas natural y social que interactúan. Desde dicha perspectiva, la sociedad civil podría enfrentar los desafíos socioambientales de Manizales, para hacer de esta una ciudad sostenible e incluyente.
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El espacio público (1)
Si se omiten las áreas de interés ambiental,
el espacio público es la fracción del territorio de la ciudad y el complemento de
la infraestructura social en la que nos encontramos, así sea una plaza, parque
o biblioteca. Dichos escenarios que son la esencia de la ciudad, bien
concebidos para que se apropien con usos que valoricen lo colectivo y propicien
la cooperación cívica son fundamentales para la calidad del hábitat urbano al
contribuir a la construcción de la identidad y la seguridad ciudadana, máxime
cuando se trata de comunidades social y espacialmente segregadas y fragmentadas
como la nuestra, ávida de un espacio público suficiente y mejor distribuido,
pensado para la convivencia y el desarrollo del tejido humano y el capital social.
A raíz de las problemáticas de la ciudad en la materia, en el marco del control social al POT-2017, en el que se señala como meta un indicador de 15 metros cuadrados por habitante, contra un per cápita de solo 6,8 que posee esta ciudad -la mitad de ellos en parques-, y dado que el gasto público prioriza la infraestructura para un modelo urbano pensado para el carro y la jungla de concreto, se hace necesaria una política pública que le apueste a una ciudad verde y más humana, cofinanciada desde la plusvalía urbana y coordinada con otras, en temáticas asociadas -como movilidad, cultura y medio ambiente- con el propósito de orientar la formulación de un plan maestro de espacio público sostenible.
Pero, si el territorio es una construcción
social e histórica, con unas características y dinámicas en sus dimensiones
físico territorial, política, social, económica y cultural que le dan identidad,
también expresa además de los conflictos socioambientales, el diálogo entre la administración
pública como su propietaria jurídica que lo regula, y la ciudadanía que mediante
la apropiación del territorio, de conformidad con unas normas acordes con los
lenguajes y formas de relación de las colectividades humanas, no solo le da vida
a la ciudad sino que construye un medio urbano o un hábitat, producto de procesos
políticos, sociales y culturales específicos.
Al examinar la historia de Manizales, vemos cómo surge la ciudad cuando cerca de 400 familias asentadas en este territorio requieren de la plaza como lugar de reunión y mercadeo, para lo cual trazan las calles y construyen el templo, dotando el poblado fundacional de un primer espacio de reunión para satisfacer sus demandas espirituales y económicas, y de otros para la comunicación y el tránsito de una propiedad o estancia a otros lugares. Allí, la plaza y la calle principal se conciben con continuos urbanos que para expresar la identidad, riqueza y poder de sus habitantes, al recibir mayor atención, gradualmente son objeto de ornamentación de las fachadas y otras medidas sanitarias de seguridad.
Pero si los espacios citadinos constituyen el producto de largos procesos políticos, económicos y sociales, también hoy, cuando lo público involucra la opinión pública como espacio de articulación entre las sociedades civil y política, los manizaleños debemos empezar por hacer de la gobernanza del espacio público y de la planificación, las herramientas para la intervención del Estado en un medio urbano como el nuestro, donde la inequidad y las desigualdades sociales urbanas, además de los procesos de transformación del espacio público, y de la carencia de equipamientos sociales para los sectores más deprimidos, explican los guetos urbanos, el abandono y la degradación de sectores poblados, y un centro histórico afectado por la informalidad y la inseguridad, suma- das a la esclerosis de la movilidad.
(1) [Ref: La Patria Manizales, 16.7.2018].
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El derecho a la ciudad (2)
Manizales, la capital de Caldas, una ciudad intermedia con cuatrocientos mil habitantes, ubicada a 2150 m s.n.m. sobre un ramal de la cordillera Central de los Andes más septentrionales de América, emplazada en el centro occidente de Colombia y cerca del Nevado del Ruiz es una preciosa urbe que, tras su monumental Catedral Basílica de estilo neogótico, emblema de la ciudad que comparte plaza con el Palacio de la Gobernación de estilo neocolonial, debe enfrentar los grandes desafíos socioambientales del presente siglo.
Para el efecto, partamos del pensamiento de Henri Lefebvre autor de “El derecho a la ciudad”, obra que cumple 50 años, donde el filósofo y sociólogo francés, al considerar el impacto de la economía capitalista en las ciudades convertidas en una mercancía, plan- tea elementos teóricos que posibilitan estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, garantizar la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural, y asegurar el hábitat humano frente a las amenazas naturales. Existe consenso al considerar que el medio urbano, al hacer parte del espacio geográfico, también es un espacio social, y como tal no un producto preexistente a la acción humana, sino que se produce socialmente; de ahí que el territorio sea una construcción social e histórica.
En el caso de Manizales, cuyo territorio se ocupa desde mediados del siglo XIX: la ciudad no puede ser comprendida si no tenemos como puntos de partida, 1- el que en sus primeros cincuenta años, fueron los caminos que cruzaron la agreste geografía del occidente colombiano y los conflictos asociados a la colonización antioqueña los que favorecieron la aldea de bahareque y tapia pisada, por ser la atalaya desde donde se dominaba el cañón el Cauca; y 2- el que posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX fue el acelerado crecimiento forjado en la economía cafetera lo que le permitió al poblado convertirse en una próspera ciudad de agrestes y frágiles laderas, cuyos pasivos ambientales y contradicciones soportan las barriadas colgadas de sus empinadas calles.
Pero hoy, no solo la ciudad es otra, sino
también la expresión de su entorno social, económico y ambiental; veamos: 1- gravitan,
además de la rotura espacial urbana, la fragmentación social favorecida por profundas
brechas económicas y educativas que padecen los sectores más pobres y marginados;
2- la informalidad de una economía vinculada con la pobreza, agravada por la carencia
de una política pública con estrategias y metas tendientes a la inclusión
laboral, en especial para las mujeres y los jóvenes; y 3- la vulnerabilidad del
hábitat debida a pasivos ambientales relacionados con la separación de costos
y beneficios en la explotación del medio ambiente, favorecida por un modelo conflictivo
de ocupación del territorio. Sabemos de los esfuerzos por hacer de Manizales una
ciudad amable y de calidad, pero también de las falencias para emprender una gestión
eficiente del suelo a la luz de la Ley 388 de 1997, razón por la cual el acceso
a las vías públicas y demás espacios vitales para el disfrute del derecho a la
ciudad aún palidece frente a la proliferación de los guetos urbanos, máxime cuando
la privatización de la plusvalía urbana acentúa la carencia de la inversión en infraestructura
para los sectores deprimidos de la ciudad y los procesos de cambio en el uso del suelo, expandiendo la jungla de concreto
que favorece el mercado inmobiliario, atenta contra el interés común representado
en los servicios ambientales y los ecosistemas a preservar en procura de un uso
racional en armonía con la función social de la propiedad.
Para garantizar el derecho a la ciudad, los manizaleños deberemos emprender un proyecto intelectual y político de largo alcance orientado a su sustentabilidad, nutrido de procesos participativos en términos del espacio material del hábitat, y de la relación campo-ciudad que mediante la apropiación del territorio por los colectivos urbanos, las organizaciones no gubernamentales y redes de la sociedad civil comprometidas con la ciudad, transforme el ejercicio de la política; un proyecto cuyo objeto sea un modelo urbano verde y más humano, el fortalecimiento del tejido social y la descentralización de la infraestructura social y económica.
(2) [Ref. La Patria Manizales, 12. 3. 2018].
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*Profesor Especial de la Universidad Nacional de Colombia, Ingeniero Civil con estudios de posgrado en Geotecnia, Geofísica y Economía. Web: https://sites.google.com/unal.edu.co/godues1
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