Colapso de vivienda en Villamaría. De El Tiempo.
Pudo haber sido una tragedia. Por fortuna los habitantes de una casa de cinco pisos que se hundió y se desplazó el lunes varios centímetros en el barrio Bajo Monserrate de Villamaría evacuaron por orden de las autoridades. Los ocupantes aseguraron que la licencia de construcción estaba en trámite; sin embargo, la Oficina de Control Urbano evidenció entre el 2021 y el 2022 que esta obra se estaba haciendo sin licencia, como todavía aparece en la Secretaría de Planeación Municipal. Las condiciones estructurales la hacen inhabitable, debe ser demolida y está poniendo en riesgo otras tres propiedades vecinas.
Esto sirve para recordar que todo aquel que construye está obligado a cumplir las normas, entre las cuales figuran, además de tramitar los permisos ante entidades oficiales, hacer estudios geotécnicos que muestran si un suelo es apto para edificar o se deben realizar antes otros procesos, y asesorarse de profesionales capacitados para evitar riesgos. Evadir alguna de estas fases o todas no puede entenderse como sagacidad o habilidad para saltarse las normas. Quien lo hace se está engañando a sí mismo y pronto empieza a ver los pésimos resultados de sus actuaciones.
En Caldas son varios casos de evacuaciones y demoliciones por incumplir reglas. El edificio Shalom III, sobre la avenida Santander con calle 51 en Manizales, es uno de ellos. Desde el 2020 está en proceso administrativo con orden de demolición de la Alcaldía, debido a una multa a los constructores por infringir normas urbanísticas. El edificio sigue desalojado y la fachada en un deterioro visible. Aunque los resultados de un estudio de vulnerabilidad sugirieron recuperar con reforzamiento estructural, al no haberlo hecho siguió la orden oficial de demolición; pero el año pasado, copropietarios y constructor solicitaron cada uno frenar esta acción y que se les permitiera reforzar. El proceso continúa sin que nadie actúe, y el riesgo es cada vez más alto para esta transitada zona de la ciudad.
Para otros casos será de gran ayuda la entrada en vigencia del Seguro Decenal, desde el 1 de julio, como una obligación para los constructores de vivienda nueva en el país, incluyendo proyectos de Vivienda de Interés Social y de Vivienda de Interés Prioritario. Se trata de proteger patrimonialmente durante 10 años a los compradores, pero además para los propios constructores frente a riesgos de ruina o amenaza de ruina por errores de diseño, defectos en los materiales, vicios del suelo o fallas constructivas que se presenten.
El desenlace de casi todos estos casos es la afectación económica, inclusive la pérdida del patrimonio de quienes invirtieron en proyectos fallidos, así sean pequeños, y terminan siendo víctimas. Por ello los constructores están llamados a actuar con el mayor nivel de profesionalismo, honestidad y ética, sin recurrir a engaños para ganar más dinero a través del ahorro de materiales o con insumos de mala calidad. Pero sobre todo las autoridades deben estar mucho más vigilantes con sus funcionarios para detectar a tiempo cuando se requiere parar un proyecto por construir sin el lleno de requisitos. Solo así se evitarían tantos problemas, sumado al desgaste legal y los tiempos que todo esto representa.
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