En Razón Pública. Mayo 28, 2023.
¿Campesinos o indígenas?
La reivindicación de los derechos campesinos ha sido erróneamente vinculada con su “etnización”.
Con frecuencia se dice que los campesinos quieren los mismos derechos que las comunidades indígenas. Además de lo cual algunos piensan que entonces el país sería ingobernable debido a que esta otra etnicidad se sumaría y se mezclaría con las identidades étnicas que había reconocido la Constitución de 1991.
Cuando se promulgó la Constitución y se estableció que Colombia sería una nación pluriétnica y multicultural, no podían preverse las implicaciones políticas de este reconocimiento. Mientras se avanzaba en problemas como la jurisdicción territorial y jurídica de los grupos indígenas, y se les daba un estatus étnico a las comunidades afrodescendientes, las viejas reivindicaciones inter-grupales adoptaron una dimensión étnica.
Aunque las luchas por la memoria y el pasado ancestral promovieron la reindigenización (con la cual hoy se asocian las exigencias campesinas), es fundamental señalar que se trata de un fenómeno completamente diferente. Por ejemplo, la pugna de pueblos campesinos que desean recuperar su conexión con un ancestro muisca difiere de la de los Polindara en el Cauca. Estos antiguos hablantes de la lengua Misak decidieron reivindicar una identidad separada del pueblo Nasa.
También vale la pena traer a colación el caso del pueblo nómada de los Sáliva en las llanuras de la Orinoquía quienes, en un esfuerzo por sobrevivir, fueron obligados a vivir en un resguardo que garantizara una vida sedentaria. De esta manera, el Estado colombiano podía incorporarlos bajo la lógica de la etnicidad andina.
Una historia abreviada
En pocas palabras, la etnicidad no hace alusión a un repertorio de rasgos culturales (religiosos, lingüísticos, materiales), a la adscripción a un determinado linaje o a la carga genética. La etnicidad es, en esencia, un instrumento a través del cual los Estados controlan a las poblaciones políticamente disidentes con las que no es posible (o conveniente) desligarse.
Esta denominación no es exclusiva del mundo moderno, ya que tiene su origen en los procesos de dominación germánicos/cristianos que reemplazaron el derecho romano y que después llegaron a América. También estuvo presente en la Edad Media, específicamente, en las famosas Partidas del Rey Alfonso el Sabio en el siglo XIII. Dicha legislación les dio vigencia a los fueros y a las costumbres visigodas que hoy en día justifican la plurinacionalidad contemporánea española.
En este contexto se promulgaron las Nuevas Leyes de 1442, que, en medio del escándalo originado por las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas, reivindicaron las formas consuetudinarias de gobernar el territorio americano. Adicionalmente, este conjunto de leyes institucionalizó una forma de relación diferencial entre los “indios” y las autoridades coloniales.
En pocas palabras, la etnicidad no hace alusión a un repertorio de rasgos culturales (religiosos, lingüísticos, materiales), a la adscripción a un determinado linaje o a la carga genética. La etnicidad es, en esencia, un instrumento a través del cual los Estados controlan a las poblaciones políticamente disidentes con las que no es posible (o conveniente) desligarse.
La diversidad de vínculos entre los grupos étnicamente disidentes y el Estado ha llevado a que se compare de manera inadecuada la etnicidad con la adscripción y el reconocimiento del derecho diferencial con las referencias territoriales.
Por ejemplo, la etnicidad no es equiparable con la indianidad porque, durante la colonia, se constituyeron distintas clasificaciones de indios que interactuaban de manera diferencial con las autoridades coloniales. Era distinto hacer parte de los indios gentiles, los ladinos, los bravos o los salvajes. De acuerdo con su tipo, eran combatidos, integrados o brutalmente esclavizados.
Bajo esta lógica, ser indio o esclavo era un estigma asociado con la idea de raza. Estos últimos se llevaban la peor parte porque su condición no podía ser lavada a través del mestizaje. La etnicidad de los esclavos africanos y sus descendientes fue una herramienta fundamental para aproximarse a un grupo socialmente disidente.
El temor a la etnicidad campesina
Hasta la independencia, sobre todo bajo el costumbrismo colombiano del siglo XIX, nadie hablaba de un grupo poblacional diferencialmente tratado por el Estado como “campesinos”.
El surgimiento de la etnicidad de los campesinos tiene un marco histórico distinto del de la etnicidad de los indígenas y las comunidades afrodescendientes. A diferencia de estas últimas, no parte de la necesidad de crear un marco para garantizar la gobernabilidad estatal. Tampoco funciona como un modo de articular el comercio de gentes que, bajo la lógica escolástica, habían sido vencidas en “justa guerra” y por ello podían ser tratados como esclavos.
En la comparación entre la etnicidad y el reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo subyace el miedo al ingreso de una población cercana al 30% del país al régimen de un Estado social de derecho. Las alarmas que despierta en ciertos sectores se justifican porque la tercera parte de los colombianos podría exigir una protección especial. Esta exigencia podría desbalancear el régimen político y económico sobre el cual se sostiene el modelo neoliberal del país.
Reconocimiento de una realidad
En este punto es fundamental recordar cuáles sectores de la población deberían beneficiarse de una protección especial o estar bajo un relacionamiento étnico. Como dije más arriba, el reconocimiento del campesinado no es un asunto identitario ni relacionado con un campo simbólico en particular. Todo lo contrario, se trata de la aceptación de una realidad, resultado de una deuda histórica, que necesita de un debate más complejo. Por eso tendríamos que empezar por responder las preguntas siguientes:
- ¿Cómo podría representarse un sector para otorgarle la protección especial?
- ¿Una misma clasificación puede agrupar a los campesinos del Vichada, los colonos del Vaupés o los herederos del Saucío en Chocontá?
- ¿La dificultad para determinar un estándar identitario podría dar lugar a un tráfico de la identidad?,
- ¿Es la identidad un factor determinante en la atribución de derechos? y
- ¿Debe ser el Estado quién arbitre la atribución de los derechos de protección especial?
Es importante señalar que la identidad es un fenómeno ligado a las contingencias históricas. Quienes hoy se definan como campesinos no necesariamente lo hubiesen hecho hace un par de décadas. Por ejemplo, la identidad campesina en el Estado multicultural tiene un matiz político, mientras que en el Estado nacional hace parte de una folclorización que confirma la diferencia entre campo y ciudad.
Transformaciones semánticas
Quisiera concluir con una breve reseña de las transformaciones semánticas de “campesino” y “campo”.
En el Siglo de Oro, el “campo” no era el mismo de hoy en día. Como demuestra el Diccionario de Autoridades de 1729, se trataba de un espacio descubierto que no incluía montañas, montes o vegetación tupida. Por otro lado, apenas en el siglo XIX, “campesino” dejó de ser un adjetivo y comenzó a utilizarse como sustantivo.
Las alarmas que despierta en ciertos sectores se justifican porque la tercera parte de los colombianos podría exigir una protección especial. Esta exigencia podría desbalancear el régimen político y económico sobre el cual se sostiene el modelo neoliberal del país.
La función social de la identidad campesina no solo ha cambiado por transformaciones políticas e ideológicas, sino gracias a las propias alteraciones semánticas. Por ejemplo, la diferencia entre campo y ciudad no siempre ha existido tal y como se observa actualmente. En general, siempre ha habido fisuras y límites brumosos. Así lo señala Fermín Caballero, un costumbrista español del siglo XIX, que, en 1862, en el marco de la instauración de un régimen agrario, se preguntó por lo que le había ocurrido al poblador rural:
“Verdad es que tenemos la costumbre, como instintiva, de calificar de población rural aquella porción de labradores, que habita en los menores grupos de casas; pero ¿dónde está la regla, el criterio siquiera, de hasta dónde llega, y de dónde no pasa esta clasificación? ¿Quién ha fijado el número de viviendas que distinguen la población rural de la que no lo es? ¿Dónde se encuentra disposición legislativa, ni opinión aceptable, que nos marque cuál pueblo es rural y cuál no?”
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