El presidente declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. ¿En qué consiste la crisis? ¿Existe la emergencia? ¿Hasta dónde servirían los decretos?
Weildler Guerra Curvelo*
El anuncio y la visita
En la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial que sesionó en París, el presidente Petro anunció que declararía el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
En la semana que acaba de pasar, el presidente trasladó su gabinete hasta el territorio guajiro. Se reunió con funcionarios, campesinos, indígenas y otros residentes en asentamientos rurales y urbanos.
Su presencia evocó las visitas de los presidentes López Pumarejo y Rojas Pinilla, gobernantes recordados por su compromiso con esta región. Hoy en día podemos observar sus legados consistentes, respectivamente, en la adopción de una nueva organización territorial y en el estímulo al libre comercio en la península.
A excepción de los dos presidentes mencionados, el departamento de La Guajira siempre ha sido percibido desde el centro como una región distante e inhóspita. Pero en las últimas décadas esta región se ha distinguido por sus posibilidades extractivas.
Petro se comprometió a apoyar el desarrollo de la energía eólica y la adopción de modelos propios de atención en la salud, la nutrición y la educación. De igual forma, promovió acuerdos en materia de transición energética entre las empresas, el gobierno y las comunidades. También prometió crear el Instituto Nacional del Agua para mantener las fuentes convencionales y no convencionales en el departamento. En este sentido, el apoyo a la represa de El Cercado será fundamental.
¿Pero existe la emergencia?
El 2 de julio la Presidencia expidió el decreto n.º 1085 de 2023, por medio del cual declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira. El decreto lleva la firma del gabinete presidencial, incluida la de la nueva ministra de Igualdad y Equidad, y tendrá una vigencia de treinta días
Esta medida es posible gracias al artículo 215 de la Constitución, que permite declarar la emergencia cuando se presenta un hecho inminente que afecta el orden económico, social o ecológico.
Desde su perspectiva, el problema puede mitigarse si se lucha contra los efectos del cambio climático, la baja cobertura en salud y educación, las dificultades para acceder a los alimentos y los contratiempos migratorios causados por la situación en Venezuela.
El anuncio produjo diversas reacciones entre los representantes de los gremios, los medios de comunicación, las figuras políticas y los académicos El gobierno, de manera transitoria, podría establecer nuevos tributos y modificar los existentes. Ante esta posibilidad, el presidente de Fenalco afirmó que, pese a comprender la situación del territorio, no era clara “la constitucionalidad para atender su solución por la vía de la Emergencia Económica y Social”.
Por otro lado, Jorge Restrepo, profesor de la Javeriana, afirmó que los hechos no son extraordinarios ni sobrevinientes. Por ejemplo, en el departamento, “el fenómeno de ‘El Niño’ fue pronosticado y aún no es grave. Las condiciones de salud, en particular de niños, no se han agravado recientemente de forma diferenciada frente al resto del país”.
Crisis multicausal
El gobierno por su parte sostiene que, según la Corte Constitucional, es posible declarar un Estado de Emergencia “cuando se trate de un fenómeno que existe previamente, pero cuya agravación repentina e imprevisible justifica la declaratoria”. De esta manera, “un fenómeno ya existente puede tener el carácter de sobreviniente y extraordinario por ocurrir de manera inopinada y anormal”.
Sin embargo, esta coyuntura no solo se debe al fenómeno del Niño, sino a un conjunto de factores sociales, económicos e interculturales. Para el gobierno, esta crisis multicausal se torna cada vez más grave debido a la insuficiencia de las medidas ordinarias. En pocas palabras, la situación no puede solucionarse mediante las atribuciones normales de las autoridades, y, por lo tanto, se requiere una disposición extraordinaria del ejecutivo.
Existen antecedentes como el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el decreto de 2015 que adoptó medidas cautelares a favor de los niños, niñas y adolescentes de La Guajira. También, la propia Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucionales ante la “protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu”.
A pesar de las medidas anteriores, la situación sigue siendo alarmante. En la semana epidemiológica 25, el Instituto Nacional de Salud registró 40 muertes de niños menores de cinco años por causas asociadas con la desnutrición. Estas cifras, según fuentes oficiales, se presentan desde el 2017 y están hasta ocho veces por encima de la tasa nacional. De igual modo, en el 2022 el departamento aportó el 16,9% de los fallecidos por Enfermedad Diarreica Aguda.
Para superar la crisis es necesario incluir una perspectiva histórica. La Guajira ingresó a la República de Colombia con un extenso legado de conflictos heredados del régimen colonial.
En síntesis, el gobierno considera que la crisis en La Guajira es real y debe afrontarse rápidamente. Desde su perspectiva, el problema puede mitigarse si se lucha contra los efectos del cambio climático, la baja cobertura en salud y educación, las dificultades para acceder a los alimentos y los contratiempos migratorios causados por la situación en Venezuela.
Una vieja deuda histórica
La situación humanitaria en el departamento se ha tornado más visible en la última década. Las administraciones pasadas apoyaron la contratación de créditos del Banco Mundial para el abastecimiento de agua potable en el norte de La Guajira. Aunque la inversión fue significativa, no hubo resultados importantes.
A la fecha, la normalización de las muertes de la población indígena y la débil respuesta institucional frente a un Estado de Cosas Inconstitucional, es decir, “una forma de decisión que la Corte Constitucional adopta cuando se cumplen ciertos requisitos para enfrentar una situación grave”, ha forjado una insensibilidad a nivel nacional.
La Corte Constitucional en la sentencia T-302 estableció que la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en La Guajira deberá alcanzar la meta establecida en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o, sencillamente, tendrá que alcanzar el nivel promedio del país.
Para superar la crisis es necesario incluir una perspectiva histórica. La Guajira ingresó a la República de Colombia con un extenso legado de conflictos heredados del régimen colonial.
Las naciones se construyen en momentos históricos concretos y son el fruto de condiciones determinadas que las hacen viables y perdurables, pero no inmutables ni uniformes. Por ejemplo, La Guajira nos muestra que su consolidación de sus identidades colectivas no ha sido homogénea.
Finalmente, el esfuerzo por reducir la brecha entre los indicadores nacionales y los del departamento en materia de salud, acceso al agua, alimentación y muertes de menores por causas asociadas a la desnutrición, deberá ser tan extraordinario y eficiente como las medidas propuestas por el gobierno nacional.
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