Por Suhelis Tejero
En Ecuador, el turbulento proceso electoral del 20 de agosto no fue solo el primer paso para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso. También representó una movida inédita para proteger dos regiones del país que son al mismo tiempo reservas ambientales y fuentes de materias primas capaces de apalancar una economía que no marcha tan bien.
En dos preguntas distintas, el 59 % de la población ecuatoriana votó a favor de poner fin a la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní, mientras el 68 % aprobó acabar con toda la minería en el Chocó Andino, tanto artesanal como mediana y a gran escala. Se trató de una victoria de los movimientos ambientalistas luego de una década de lucha por salvar las reservas ecológicas. Pero, ¿cómo quedarán las finanzas del país andino, cuando concreten la medida?
A partir de ahora, Ecuador deberá cerrar en un año la extracción del hidrocarburo en la zona del Yasuní y, en ese lapso, buscar la manera de sustituir los 1.200 millones de dólares –un 7 % de sus ingresos totales– que representa la explotación del bloque petrolero. Y lo peor es que no parece ser el mejor momento para hacerlo.
La nación suramericana tiene una situación económica complicada. La recuperación lograda tras el desplome provocado por la pandemia en 2020 no se ha sostenido y la actividad económica se está desacelerando desde el tercer trimestre de 2021. Ahora, la reciente medida de cortar la explotación petrolera en el Yasuní, a pesar de ser un alivio para el medio ambiente, podría complicar más su panorama financiero y también el social.
El expresidente Rafael Correa ha defendido la extracción de crudo del Yasuní desde cuando falló su iniciativa para que la comunidad internacional aportara 3.600 millones de dólares a un fondo para evitar que Ecuador sacara el petróleo de la reserva. Días después de conocer los resultados del referendo, Correa criticó la decisión porque “desaparecer una actividad de 1.200 millones (de dólares anuales) tiene un impacto brutal, sobre todo, en los territorios donde actúa”.
El experto petrolero Luis Oliveros considera cuesta arriba que Ecuador logre diversificar su matriz de ingresos en tan corto tiempo y que puede resultar en un mayor declive económico y más inflación. “A Ecuador le puede pasar lo que a Venezuela, con el agravante de que es un Estado dolarizado y le va a costar más diversificarse, le va a costar más competir. La dolarización es una camisa de fuerza muy importante”, señaló.
La disyuntiva entre el medio ambiente y la economía que ha vivido Ecuador reabre el constante debate sobre el extractivismo en América Latina y la necesidad de abandonar la enorme dependencia de las materias primas que sufre la región. Los datos que maneja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que 53,8% de las exportaciones que la región realizó en 2021 correspondió a productos básicos, y que lo grave es que los países suramericanos “han profundizado su especialización en la exportación de materias primas”.
Cuanto más al sur de América Latina se mire, peor es la situación. Paraguay, Ecuador y Venezuela tienen economías altamente vinculadas a los commodities, aunque prácticamente toda Sudamérica se ha rendido a la trampa del extractivismo y del dinero abundante que llega con los ciclos de altos precios de las materias primas. A ese club suramericano pronto se sumará un nuevo miembro: Guyana, un país pobre, con enormes desigualdades, tiene unas envidiables reservas petroleras y va directo a convertirse en una potencia de los hidrocarburos, pero con una total –y preocupante– dependencia de los mismos.
México es el país que mejor lleva la diversificación de su economía, pues sus exportaciones de materias primas apenas representan ya el 11 % del total. El enorme tamaño del mercado mexicano y su cercanía geográfica con Estados Unidos han facilitado a esa nación dejar de depender de los commodities.
Si bien la disyuntiva entre protección ambiental y desarrollo económico es relativamente reciente, la necesidad de diversificar las economías del subcontinente siempre ha estado en el tapete. Los organismos internacionales como la Cepal, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros, han insistido con frecuencia acerca de la urgencia de acabar con el círculo vicioso de riqueza en tiempos de precios altos de las materias primas y de pobreza cuando bajan.
Una fuerza seductora
Una investigación dirigida por Hans-Jürgen Burchardt, politólogo de la Universidad de Kassel y director del Centro de Estudios Latinoamericanos, señaló que la renta fácil generada por el extractivismo es una fuerza muy seductora cuyos beneficios, en realidad, no permean hacia la población. Y varias investigaciones académicas de las últimas décadas advierten que esa renta, aunque innegable, puede ser superada por los enormes costos ambientales y sociales generados por la explotación de las materias primas.
“El argumento de los beneficios económicos sólo es posible si se distorsionan severamente las contabilidades ambientales, dejándose de lado los costos económicos que generan los impactos negativos de los extractivismos”, resaltó Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social, en su trabajo ‘Hasta la última gota: las narrativas que sostienen a los extractivismos’.
Gudynas advirtió en su estudio que las comunidades terminan pagando el peso del extractivismo. Por eso, “la exportación de hidrocarburos siempre es un buen negocio porque es barato y no existe una contabilidad rigurosa por la cual a esos beneficios se les resten los costos económicos. (…) Hay narrativas políticas que sistemáticamente desvinculan esos costos de los extractivismos y los ignoran”, puntualiza.
Al respecto, el exministro de Energía y Minas de República Dominicana, Antonio Isa Conde, sí cree posible la explotación de recursos no renovables de manera sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social. La isla caribeña –cuyos ingresos dependen del turismo– busca desde hace años sacar más provecho a sus recursos naturales mediante la explotación de oro (con la principal mina de América Latina) y la búsqueda de posibles yacimientos de gas en la cuenca del Caribe. “Es posible desarrollar la industria extractiva, pero bajo determinadas condiciones. Si no se puede por razones tecnológicas o ambientales, es mejor dejar los recursos ahí”, dijo Isa Conde.
Pero también es crítico a la hora de analizar el asunto. “Hay una obsesión antiminera que al final habla de la desconfianza que hay en las autoridades”, dijo. Las malas experiencias que ha tenido el subcontinente en las explotaciones de recursos no renovables no le han puesto fácil la tarea a los gobiernos a la hora de convencer sobre lo que se ha empezado a llamar el ‘extractivismo verde’, que es una forma de explotación que busca reducir los impactos al medioambiente.
Sin embargo, también hay un problema de poca voluntad política. Para Oliveros, los países de la región se afanan por sostener el extractivismo debido a la baja calidad institucional de América Latina. “No hay una mentalidad política para diversificar la economía. Muy por el contrario, a los políticos les gusta que la economía dependa de las rentas. Así es más fácil hacerse cargo y decidir hacia dónde van esas rentas”, explicó. El economista añadió que cuanto más compleja e industrializada es una economía, en términos de diversificación, más fuerte es el sector privado y mayor dependencia tiene el fisco de cobrar impuestos a las empresas. De ahí que, como ya el Estado no maneja una renta directa por las regalías de la explotación de recursos, el uso político de los recursos provenientes de las materias primas pierda sentido.
El experto recordó que ser un país productor de materias primas como petróleo, cobre u oro, por ejemplo, no es malo en sí. “Tú no ves a un saudí, a un kuwaití, a un catarí hablar de que es malo depender de los recursos naturales”, enfatizó. Pero el camino debería apuntar al fortalecimiento de la institucionalidad, que es lo que han hecho los países petroleros de Oriente Medio y Noruega con la creación de fondos de estabilización que limitan el uso político de la renta y, al mismo tiempo, dirigen esos recursos al desarrollo de largo plazo.
“Creo que ahí está la clave. ¿Qué hacer con los ingresos petroleros? No dejarle la potestad a cada presidente que llegue, a cada gobierno, de decidir qué va a hacer con el petróleo, sino que haya unas reglas del juego claras”, señaló.
El problema de la dependencia extractivista parece ser de una compleja solución. Lo cierto es que todavía los países no han conseguido un equilibrio para que los beneficios financieros no dependan de afectar el medio ambiente, ni que la ecología robe las posibilidades de desarrollo económico de una región en la que aún subsisten tantas necesidades.
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