Foto tomada de: Gobernación del Atlántico
El Plan de Desarrollo propone un cambio en la organización territorial del Estado que podría llegar lejos: las regiones autonómicas. Esta es una primera evaluación de la propuesta.
Óscar Alfonso Roa*
Un centralismo excesivo
Aunque la descentralización ha sido una meta buscada por Colombia desde hace varias décadas, y aunque se dice que la Constitución de 1991 fue un gran avance en esta dirección, en la vida real el centralismo se ha mantenido a expensas de la autonomía local.
Antes de posesionarse como director del Planeación Nacional, Jorge Iván González señalaba el exceso de políticas centralistas, es decir, el exceso de actividades locales que se manejan desde la Nación.
Y en efecto, un rápido análisis de las cifras fiscales muestra que hemos avanzado poco en la participación de los gobiernos territoriales en el recaudo o gestión de los recursos del Estado: el 84,4% de los 1.102 municipios existentes dependen en más del 50% de las transferencias nacionales para sus inversiones, mientras que apenas 64 municipios, 5,6% del total, gozan de un superávit corriente superior al 50% de la inversión pública municipal.
Narcotráfico y corrupción
El presidente del Senado, Iván Name— quien se atribuye la autoría del artículo 28 del Plan Nacional de Desarrollo sobre las “regiones autonómicas para lograr su propio desarrollo económico, social, ambiental, cultural y étnico”— culpa al centralismo de todos los males que padece el país.
Para los detractores de la iniciativa, como el columnista Luis Carvajal, la propuesta es una mentira incapaz de enfrentar el narcotráfico, que, según él, es el principal desafío de Colombia. Y sin embargo el cambio del modelo territorial de Estado hacia las “regiones autonómicas” implicaría nuevas reglas fiscales y redistribución del poder político, lo cual, de manera indirecta, podría ayudar en el manejo de problemas como la violencia y el narcotráfico.
la oferta de bienes públicos es más diversa y de mejor calidad en muy pocos territorios. Las anteriores diferencias son los principales determinantes de las migraciones voluntarias y forzadas hacia zonas metropolitanas
Carvajal incurre en una ligereza intelectual al afirmar que los políticos y los académicos que proponen un nuevo modelo territorial de Estado lo hacen “sin considerar las circunstancias del país, sus antecedentes y perspectivas”. Este infundio es una práctica común entre algunos periodistas que están acostumbrados a ignorar la bibliografía sobre algún fenómeno.
Por otra parte, acierta Carvajal al preguntarse por la existencia de un vínculo entre un nuevo modelo territorial y la corrupción. Por desgracia, la relación es real y surge de la dependencia fiscal de los municipios que actualmente reina en Colombia. En pocas palabras, se trata de una medida inaudita porque el resultado que perseguían las políticas de descentralización fiscal iniciadas hace 40 años era la autonomía.
Múltiples investigaciones señalan que la corrupción florece cuando faltan la vigilancia y el control por parte de la ciudadanía, es decir que la corrupción es más probable cuando el dinero viene de las etéreas transferencias nacionales y no proviene o no parece provenir del bolsillo de los propios ciudadanos. Por el contrario, la autonomía de las regiones implica mayores esfuerzos fiscales para los residentes, y, de este modo, se aumenta la vigilancia sobre el buen uso de los fondos públicos.
Macrocefalia y geopolítica
La macrocefalia alude a cierta deformación en la que la cabeza tiene un tamaño desproporcionado en relación con el resto del cuerpo. Name, de un modo similar, señala el desproporcional gasto público del gobierno central frente al raquitismo fiscal de los entes municipales.
Esta comparación es verdadera si se trae a colación el número de municipios involucrados en procesos de metropolización y los que no gozan de las mismas bases fiscales. En consecuencia, la oferta de bienes públicos es más diversa y de mejor calidad en muy pocos territorios. Las anteriores diferencias son los principales determinantes de las migraciones voluntarias y forzadas hacia zonas metropolitanas, y, por ende, del despoblamiento de al menos dos terceras partes de los municipios.
Adicionalmente, es fundamental precisar que el centralismo es incapaz de garantizar la presencia del Estado en toda la geografía colombiana. Además, tampoco goza de la versatilidad y la suficiencia para respaldar la universalidad de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991.
Si las nuevas reglas para la distribución del poder político buscan honrar los derechos fundamentales, cabría preguntarse por las experiencias de otros países que han optado por este tipo de reformas.
El modelo español
El título del artículo 28 del PND —“Regiones Autonómicas”— alude al modelo español de las comunidades autónomas, instaurado desde 1978 con la monarquía parlamentaria. La constitución española se ocupa de la delimitación física de las comunidades, especialmente, del reparto de funciones. Esta decisión es fundamental en lo que respecta a la distribución del poder político.
Múltiples investigaciones señalan que la corrupción florece cuando faltan la vigilancia y el control por parte de la ciudadanía, es decir que la corrupción es más probable cuando el dinero viene de las etéreas transferencias nacionales y no proviene o no parece provenir del bolsillo de los propios ciudadanos
Al Estado se le atribuyen 33 competencias, algunas indeclinables como la representación internacional, la defensa nacional y la administración de justicia. Son competencia de las comunidades autónomas el ordenamiento territorial, la producción de urbanismo, la vivienda y otras veinte funciones.
Desde el 2012, hay cuestiones de fondo que han hecho surgir el afán independentista en Cataluña. Con ello, se pone en cuestión la solidez de la unidad nacional española. Por ejemplo, el intento por imponer la enseñanza de la lengua española sobre el catalán en Cataluña o del euskera en el País Vasco son asuntos de trascendencia política y cultural, cuyo devenir expone las discrepancias en la distribución del poder.
No es aconsejable aferrarse a este modelo sin reconocer sus flaquezas, más aún cuando existen otros igualmente útiles de los que hablaremos en una próxima edición.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado. Las opiniones son responsabilidad de los autores.
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